● En contra de lo establecido el pasado 15 de septiembre, la JEC señala que “la insuficiencia de avales no es subsanable”

● El PUM+J acudirá el próximo 26 de octubre al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y el 31 al Tribunal Constitucional

● “¿Cómo vamos a saber si la persona que nos firma no está censada en la provincia correspondiente? Eso sólo lo puede saber la Administración, apunta Ramiro Viñuales, candidato a la Presidencia del M+J.

El partido político Por un Mundo más Justo (PUM+J) denuncia que, la Junta Electoral Central (JEP) haya cambiado de parecer tres días después de que venciera el plazo para la recogida de avales señalando mediante una resolución fechada el 20 de octubre que “la insuficiencia de avales no es subsanable”. Esta manifestación, que imposibilita a los partidos sin representación parlamentaria poder reaccionar, va en contra de la instrucción que reguló el marco de recogida de avales (Instrucción 7/2011 de 15 de septiembre) que decía, en su artículo 6.5: “Las Juntas competentes comunicarán a los representantes de las candidaturas… las irregularidades en los avales presentados o la insuficiencia de estos, concediendo el plazo de subsanación de cuarenta y ocho horas previsto en el referido precepto”. Aún así, las JEP han anulado alrededor del 15% de los avales recogidos por considerarlos ilegibles o incompletos y no permiten su subsanación dejando fuera del marco electoral al M+J en varias provincias.

Ramiro Viñuales, candidato a la Presidencia del PUM+J apunta, “sólo se nos han dado 24 horas para corregir los avales invalidados. Se nos ha exigido que fuésemos a buscar a los avalistas que nos firmaron para completar esos formularios sin permitir la entrada de nuevos avalistas y sin darnos ninguna información de cuáles eran esos avales “ilegibles” o “incompletos” que teníamos que rectificar. Además, para nosotros es imposible saber si el avalista que nos firma y asegura estar censado en la circunscripción correspondiente o bien asegura ser mayor de edad, lo es realmente y está verdaderamente censado allí, lo que imposibilita en último término cumplir el requisito legal a no ser que se disponga de una información de la que sólo dispone el censo electoral”.

Por todo ello, el M+J manifiesta que la modificación de la Ley Electoral el pasado mes de marzo:

- Compromete el derecho a voto de más de 1 millón de personas que votan a partidos “minoritarios”: va en contra de la renovación de sistema electoral que millones de personas solicitan desde el pasado 15 de mayo. En el año 2008 se presentaron en Madrid 98 candidaturas; este año 2011 tan sólo 26 lo que supone una reducción del 75%.

- Exime a los partidos mayoritarios de demostrar un respaldo social para presentarse a las elecciones: mientras los minoritarios que quieran concurrir a los comicios del 20-N necesitan recoger 35.000 firmas (el 0,1% del censo), los partidos mayoritarios pueden presentarse en provincias en las que nunca se han presentado ni tienen acreditado ningún respaldo social.

- No da valor a los votos como mecanismo de respaldo social. ¿Por qué el partido Por un Mundo más Justo (PUM+J), que en las elecciones del 2008 recibió más del 0,1% de los votos en todas las provincias españolas, no tiene acreditado ese respaldo social mínimo exigido? 

- Exige que las firmas se presenten escritas a mano en un formulario que se hizo público sólo 20 días antes de que terminara el plazo para su presentación.

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