Sobre el deute extern
¿Qué es la deuda externa?
Causas de la deuda externa: ¿quién debe a quién?
Consecuencias de la deuda externa.
La deuda externa española.
La sociedad española reclama un cambio: La consulta social por la abolición de la deuda externa.
Claves para el cambio.
¿Qué es la deuda externa?
Según el documento base de Sin Duda Sin Deuda: “La deuda es la obligación de pago que un sujeto de derecho tiene con otro como consecuencia de la firma de un contrato de crédito entre ellos. Este contrato inicial, origen de la deuda, tiene un carácter de préstamo; de él se espera que resulte beneficioso para ambas partes: el acreedor está interesado por obtener la máxima rentabilidad y el interés del deudor es obtener algún bien en el medio-largo plazo.”
La deuda puede ser buena si se consigue que el país receptor se desarrolle y pueda devolver el préstamo, gracias a la actividad económica generada por dicho instrumento. Sin embargo, un descenso en el crecimiento económico, generado por una recesión económica mundial, por ejemplo, puede provocar que el país se hunda aún más que si no hubiera tenido acceso a dicha deuda.
Causas de la deuda externa: ¿quién debe a quién?
Todos los países confían en financiar parte de su crecimiento a través de deuda. La deuda puede ser un buen instrumento para el crecimiento.
Sin embargo, hay deudas injustas e ilegítimas que no deberían ser pagadas:
Porque fueron destinadas a países con regímenes dictatoriales: Por ejemplo, el actual gobierno sudafricano está pagando el préstamo de 22.000 millones de dólares concedido al régimen del aparheid, un dinero que sirvió para apoyar dicho régimen (www.jubileedebtcampaign.org). ¿Deben los sudafricanos seguir sufriendo las consecuencias de dicho régimen?
Porque se destinaron a proyectos que fracasaron, como por ejemplo la planta nuclear de Bataan, en Filipinas, que nunca llegó a funcionar y acabó costando 2.500 millones de dólares.
Porque han impuesto condiciones abusivas, con muy altos tipos de interés, o fueron contratadas ilegalmente, como por ejemplo la deuda que contrajo la dictadura militar argentina sin tener aprobación del Congreso que requiere su Constitución.
Además, los países del Norte estamos en deuda con los países del Sur. Nuestro estilo de vida y nuestros patrones de consumo hacen que tengamos que reflexionar sobre:
La deuda ecológica que hemos contraído con los países del Sur, por sobreexplotación de sus recursos naturales (el carbón que se extraía hace años es más barato que el que se extrae ahora porque está más profundo. Si los países del Sur se quieren desarrollar a través de su propio carbón (Sudáfrica, por ejemplo) tienen que hacer frente a mayores costes de extracción), las emisiones de contaminantes de nuestra actividad económica que han provocado un calentamiento global, el vertido de residuos, etc.
La deuda social, generada con la concesión de créditos a países con regímenes dictatoriales, que ha servido para perpetuar más aún dichos regímenes, con las graves consecuencias que eso ha tenido para la población civil.
Consecuencias de la deuda externa
Como se reflejaba anteriormente, un descenso en el crecimiento económico del país receptor de la deuda puede provocar que el país se hunda aún más que si no hubiera tenido acceso a dicha deuda [Gabriel Hawawini. “Finance for Executives”. Definición de “financial distress costs” como “costes resultants de un exceso de endeudamiento que afectan la capacidad de la compañía (el país) para rendir de manera eficiente”]. Ante dicha situación, muchos países se ven obligados a devolver la deuda con intereses y dejar de invertir en sectores clave para su desarrollo, como Salud o Educación.
Eso es precisamente lo que ha ocurrido en nuestro Mundo. La deuda no ha servido para desarrollar a los países del Sur, y los países del Norte han seguido exigiendo el pago de la misma, en detrimento de las poblaciones más desfavorecidas, como demuestra el cuadro siguiente (documento base de Sin Duda Sin Deuda).
De los 10 países más endeudados del mundo, 9 destinaron en el año 2003 más presupuesto a devolver los préstamos a países del Norte que a la asistencia sanitaria o a la inversión en educación. La deuda se ha convertido para muchos países en el principal obstáculo para la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales.
Sin embargo, y como se aprecia en el gráfico siguiente, este instrumento se ha seguido utilizando de manera masiva a pesar de su demostrada falta de adecuación a contribuir al desarrollo, en muchos de los casos.
Quizá aún más chocante resulte el hecho de que el flujo financiero de la deuda sea favorable a los países del Norte, como se aprecia en el gráfico siguiente.
Es decir, la suma de créditos, ayudas e inversiones que realizan los países del Norte en los países empobrecidos es menor que la cantidad que reciben en concepto del pago de deuda externa por los países del Sur.
La deuda externa española
El origen de la deuda oficial, (con fondos públicos), de los países del Sur con el Estado español se genera a través de los créditos concedidos con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (deuda FAD) o a través de los créditos asegurados por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (deuda CESCE).
El Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD)
El Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) se creó en 1976. Se dota anualmente en los Presupuestos Generales del Estado. Su capital forma parte de la Ayuda Oficial al Desarrollo del Estado español. Según la definición del Ministerio de Comercio (“Instrumentos Financieros de Apoyo Oficial a la Internacionalización Empresarial”) es un “instrumento de apoyo a la internacionalización [de la empresa] que permite otorgar créditos en condiciones concesionales a países en desarrollo para financiar la ejecución de proyectos equipados con bienes y servicios españoles”.
Según el documento base de Sin Duda Sin Deuda): “Los destinatarios son países en vías de desarrollo. Con este fondo tradicionalmente se han financiado ventas de bienes o servicios de empresas españolas a los países en desarrollo, incluidos países con IDH muy bajo, como Bolivia.
Como ejemplo, en el año 2004, a raíz del desastre del tsunami en el sureste asiático, se aprobaron préstamos por valor de 50 millones de euros para estos países: ninguno de ellos los ha aceptado todavía. Ese mismo año, los principales receptores de nuevos préstamos han sido Egipto y China, lo que muestra que este instrumento prioriza la búsqueda de nuevos mercados para empresas españolas sobre la Ayuda al Desarrollo.”
El FAD tiene las siguientes características (“Renovarse o morir” Intermón Oxfam, Marzo 2006):
Es Ayuda ligada: el FAD sigue siendo por su propia naturaleza un instrumento de ayuda ligada, o lo que es lo mismo, condicionado a la adjudicación de los proyectos a empresas españolas. A pesar de los múltiples análisis que desaconsejan estas prácticas y de la recomendación efectuada al respecto por la OCDE –asumida posteriormente por la Unión Europea-, la cooperación española se resiste a abandonarlas salvo en los casos estrictamente obligatorios. Ello genera innumerables problemas, como el sobreprecio de la ayuda, la competencia desleal con la industria local o la priorización de intereses exportadores por encima de las necesidades reales del país receptor.
Es Ayuda reembolsable: aunque el conjunto del Fondo recoge algunas partidas para donaciones y contribuciones no reembolsables a organismos internacinales, los FAD siguen siendo de manera prioritaria un crédito dirigido a los países en desarrollo, algunos de los cuales figuran entre los más pobres del planeta. A pesar de ello, España no dispone de unos criterios básicos para determinar en qué condiciones corresponde utilizar un instrumento de este tipo, encontrándonos con casos frecuentes de FAD concedidos a países altamente endeudados, lo que no ha hecho sino empeorar su situación de sobre-endeudamiento. Esta situación se agrava cuando, como en el caso de Ecuador, los FAD se conceden en su modalidad mixta (50% en términos concesionales y 50% en términos comerciales), obligando al país a aceptar un crédito comercial por la misma cuantía si quiere acceder a la parte concesional. En la actualidad, el FAD representa más del 50% de la deuda total de los países en desarrollo con España, superando los 5.000 millones de Euros.
Se identifica con fines comerciales: más allá de su naturaleza, la manera concreta en que los FAD se han venido implementando a lo largo de los años no ha hecho sino incrementar su problemática. A pesar de que teóricamente estos créditos deben ser identificados por el gobierno receptor, en buena parte de los casos es la empresa española la que realiza la identificación y da comienzo al proceso con negociaciones informales con el ministerio de economía del país correspondiente. Aunque en los últimos años se ha incorporado como un punto más del formulario a rellenar por las empresas adjudicatarias, la atención prestada al impacto previsto de los proyectos sobre el desarrollo de la población beneficiaria sigue siendo mínima.
No se realiza un adecuado seguimiento y evaluación: hasta ahora, el seguimiento y la evaluación de los proyectos aprobados depende exclusivamente de la unidad ejecutora en el país receptor. El gobierno español se limita a realizar un seguimiento financiero y, como mucho, a recibir informes semestrales de la empresa correspondiente. Por lo que respecta a la evaluación, sólo se ha hecho público un informe relativo a 4 proyectos, frente a los más de 1.000 financiados. A pesar de las recomendaciones y compromisos en este sentido –como el incluido en el propio Plan Director-, todavía no se ha efectuado ninguna evaluación del instrumento en su conjunto, en la que participen todos los agentes implicados.
Falta de transparencia: posiblemente el mayor problema de los créditos FAD, es la falta de transparencia y la correspondiente dificultad a la hora de encontrar los datos necesarios para analizar debidamente cada proyecto. La única información pública sobre los créditos FAD es una sola línea que figura en el Boletín Económico del Instituto de Comercio Exterior, en el cual se publica básicamente el título del proyecto, país, sector y empresa adjudicataria, junto con algunos datos financieros básicos (importe, tipo de interés, plazos, etc.) y las fechas de aprobación en las distintas instancias gubernamentales implicadas.
Todas las deficiencias descritas anteriormente aconsejan la eliminación de este instrumento de Ayuda al Desarrollo generador de deuda externa.
El Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD)
Según el documento base de Sin Duda Sin Deuda): “Estos 10 países acumulan el 64% de la deuda de la que el Estado español es acreedor. La mayoría de ellos están endeudados en más de un tercio de su PIB, y la mitad dedican, como podemos ver en el cuadro, más dinero a pagar la deuda de lo que destinan a la suma del gasto en educación y salud. Alguno de estos países tiene Índices de Desarrollo Humano de los más bajos a nivel mundial (Angola) y/o tasas de entre el 40-50% de población pobre (Perú)”
Por zonas geográficas, la deuda española se distribuye como indica el siguiente cuadro:
La sociedad española reclama un cambio: La consulta social por la abolición de la deuda externa
La Consulta Social se llevó a cabo por parte de la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE) el día 12 de marzo del 2000, coincidiendo con las elecciones generales. La Consulta fue un éxito de movilización y sensibilización:
Más de un millón de personas depositaron su voto favorable a que “el gobierno del Estado Español cancele totalmente la deuda externa que mantienen con él los países empobrecidos”.
La realización de la consulta involucró a más de 20.000 personas -Más de 1.400 colectivos ciudadanos apoyaron la consulta desde ámbitos locales, regionales y estatales.
Claves para el cambio
Todos los países confían en financiar parte de su crecimiento a través de deuda. La deuda puede ser un buen instrumento para el crecimiento. Sin embargo, hay deudas injustas e ilegítimas que no deberían ser pagadas, bien porque ello supone el principal obstáculo para la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales en muchos países, bien porque simplemente son deudas injustas.
Conscientes de esta problemática, los miembros del G8 se reunieron en Gleeneagles y acordaron la condonación de la deuda de los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC en terminología inglesa).
Esta medida se adoptó asimismo por el Gobierno español y en julio de 2005 se aprobó la condonación de la deuda FAD de los Países Pobres Altamente Endeudados.
Sin embargo, la deuda española, como se ha visto anteriormente, ha sido concedida mayoritariamente a países que no pertenecen a los Altamente Endeudados. Además, el criterio de endeudamiento alto (que la deuda supere en un 150% las exportaciones), es un criterio comercial, apto para verificar la posibilidad de su devolución, pero no son criterios objetivos de desarrollo humano en los países destinatarios. Por ello, esta medida se debe extender a otros países. Muchos países no-HIPC siguen pagando sus deudas ilegítimas que frenan su desarrollo.
Actualmente España se encuentra en un momento crucial, que podría suponer la transición desde una postura de tratamiento de deuda estrictamente comercial y financiera, seguidista de los acuerdos internacionales, a una posición de apoyo al proceso de ampliación de los acuerdos internacionales, tanto en el número de países incluidos en dichos acuerdos como en la cantidad de deuda condonable.
El proceso de aplicación de la Ley reguladora del tratamiento de la deuda externa recientemente aprobada debería concretarse en este sentido, e incluir medidas que garanticen la transparencia y participación de la sociedad civil.
Por ello proponemos las siguientes medidas (“PROPUESTAS DE ACCIÓN POLÍTICA” documento base de Sin Duda Sin Deuda):
- Condonar cuanto antes la deuda a los Países Pobres Altamente Endeudados (PPAE), África Subsahariana y Países Menos Adelantados.
- Reducir la deuda de otros países más adelantados y de desarrollo humano medio, con un tratamiento eficaz y profundo del problema de la deuda.
- Vincular las operaciones de deuda con inversiones sociales, con el objetivo de alcanzar los ODM.
- Promover en todos los foros internacionales el establecimiento de nuevas reglas financieras internacionales que garantice la corresponsabilidad de acreedores y deudores en los antiguos y nuevos préstamos.
- Promover la creación de un tribunal de arbitraje para resolver los conflictos financieros internacionales.
- Promover la Transparencia y la participación de la sociedad civil.
- Otras propuestas de acción política.
Condonar cuanto antes la deuda a los Países Pobres Altamente Endeudados (PPAE), África Subsahariana y Países Menos Adelantados.
Deuda bilateral:
- Revisar, con participación de las organizaciones de la sociedad civil, los contratos de crédito del Fondo de Ayuda al Desarrollo y de los Seguros de Crédito a la Exportación, para localizar aquellos en los que el Estado español haya sido corresponsable de un desembolso no utilizado en desarrollo, para que las deudas con regímenes no democráticos y/o que no fueron en beneficio de la población, especialmente la más pobre, no se cobren.
- Condonar cuanto antes toda la deuda (FAD y CESCE) a los 37 países más pobres de los que el Estado español es acreedor. Este grupo de 37 países incluye a los Países Pobres Altamente Endeudados (1.442 millones de euros), los países de África subsahariana no incluidos en la iniciativa PPAE (961 millones de euros) y Países Menos Adelantados no incluidos entre los anteriores (16 millones de euros). En total son 2.419 millones de euros, un 0,29% del PIB, aproximadamente una cuarta parte de la deuda de la que Estado español es acreedor.
Deuda multilateral:
- Revisar, con participación de las organizaciones de la sociedad civil, los contratos de crédito de las Instituciones Financieras Internacionales IFIs, para localizar aquellos en los que hayan sido corresponsables de un desembolso no utilizado en desarrollo, para que las deudas con regímenes no democráticos y/o que no fueron en beneficio de la población, especialmente la más pobre, no se cobren.
- Defender la condonación de la deuda multilateral a los Países Pobres Altamente Endeudados, países de África Subsahariana y Países Menos Adelantados, así como la inclusión en esta condonación de la deuda de los Bancos Regionales de Desarrollo. Estos cambios están orientados a definir un concepto de sostenibilidad de la deuda más acorde con la realidad de los ingresos públicos de los países y la inversión necesaria para alcanzar los ODM.
Reducir la deuda de otros países más adelantados y de desarrollo humano medio , con un tratamiento eficaz y profundo del problema de la deuda.
Según el documento base de Sin Duda Sin Deuda: “En esta categoría se encuentran países que llegan a pagar hasta un 80% de sus ingresos públicos en servicio de deuda. La renta per cápita en estos países no refleja la desigualdad existente: Debemos recordar que el 89% de los pobres del mundo no viven en los Países Pobres Altamente Endeudados. Además, las medidas impuestas por las IFIs han facilitado en las economías de estos países la especulación y la fuga de divisas.”
Solicitar al Gobierno español que asuma un papel activo en los foros internacionales, apoyando la inclusión de países de desarrollo humano medio, pero con serias crisis de sobreendeudamiento y alto porcentaje de población pobre, en las operaciones de reducción de deuda.
Establecer una vinculación entre las orientaciones de la lucha contra la pobreza y el tratamiento de la Deuda Externa que permitan a estos países invertir de sus presupuestos al menos lo mínimo necesario para alcanzar los ODM.
Vincular las operaciones de deuda con inversiones sociales, con el objetivo de alcanzar los ODM.
Promover la vinculación de la cancelación de la deuda a la inversión social en los ODM, tanto por parte de los acreedores (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, conjunto de acreedores) como por parte de los estados endeudados. El objetivo es reducir la vulnerabilidad de los países empobrecidos ante las crisis financieras internacionales.
Promover en todos los foros internacionales el establecimiento de nuevas reglas financieras internacionales.
Garantizar la corresponsabilidad de acreedores y deudores en los antiguos y nuevos préstamos.
Promover la creación de un tribunal de arbitraje para resolver los conflictos financieros internacionales.
Se trata de garantizar un mecanismo justo y transparente al que se sometan acreedores y deudores, e ir tomando las acciones a nivel nacional que puedan resultar coherentes con la defensa de esta propuesta.
Promover la Transparencia y la participación de la sociedad civil.
Asegurar la transparencia y participación de la sociedad civil del Norte y del Sur en los procesos de toma de decisiones sobre las operaciones de deuda (cancelaciones, canjes y concesión de nuevos créditos) tanto en el marco bilateral como en las Instituciones Financieras Internacionales.
Otras propuestas de acción política:
Solicitar que los países empobrecidos cuenten con mayor representación y poder de voto en las Instituciones Financieras Internacionales y foros multilaterales.
No condicionar las cancelaciones de deuda a la aplicación de medidas de política económica decididas por las Instituciones Financieras Internacionales, que no tienen en cuenta las decisiones locales al respecto.
Fijar la política comercial de España con los países empobrecidos en criterios de sostenibilidad real de la deuda, para no aumentar su deuda externa. En concreto, que la cooperación con los países más pobres sea a través de donaciones o a través de préstamos con cláusulas de conversión en donación en caso de inestabilidad o catástrofes naturales.
Asegurar que los recursos dedicados a las operaciones de deuda sean recursos adicionales y no supongan una reducción del resto de partidas de la AOD y del gasto público local.
Registre de partits polítics del Ministeri de L’Interior, 8 de gener 2004, Tom V, Foli 330